El sello Corleone
Prevaricación, cohecho, malversación, fraude, corrupción, extorsión, soborno… Palabras que hemos oído tantas veces que parecen dejar de preocuparnos, o pasar a un segundo plano. Estamos tan acostumbrados a este tipo de noticias que únicamente las aceptamos con resignación. En parte es lógico, ya que escuchar día tras día que te están tomando el pelo resulta agotador. El pasado año se destaparon una media de diez tramas nuevas al mes, siendo detenidas hasta siete personas cada día.
Y aunque suene a tópico, parece cierto eso de que “todos son iguales”. Los principales partidos de España se han visto salpicados, de una u otra manera, por la lacra de la corrupción. Bueno, quien dice políticos dice también empresarios, banqueros o la propia Casa Real. Ya lo dice la canción Ali Baba del grupo Ska-P: “Senadores, diputados, consejeros de administración; todos cogiditos de las manos vamos a pillar del erario popular. Nosotros mismos elegimos al verdugo que nos va a decapitar; el hemiciclo está repleto de piratas, es la cueva de ladrones de Ali Baba”. ¡Cuán cierto!
Mapa de la corrupción en España | © Google
Vayamos por partes. El Partido Popular lidera este oscuro ránking, asociado a cerca del cincuenta por ciento de las tramas que se han conocido por el momento. Más de un centenar que han provocado la imputación de numerosos casos aislados, en concreto casi quinientos casos aislados. Tanta “manzana podrida” invita a pensar que es el propio árbol el que está en mal estado. A pesar de la repercusión de nombres como Luis Bárcenas, se lleva la “Palma” —nunca mejor dicho— el expresidente Balear Jaume Matas, con cinco imputaciones y una condena en cuatro tramas diferentes. La Guardia Civil ha llegado a calificar al PP de Valencia como “organización criminal”.
El PSOE, si bien ha centrado sus esfuerzos durante la campaña en cargar contra la corrupción de los populares, no se libra de esta lacra. Es digno de mención el “dúo sacapuntas” andaluz formado por Chaves y Griñán, cabecillas del fraudulento caso de los ERE. Se calcula que en torno a mil doscientos millones de euros volaron de las arcas de la Junta de Andalucía, en parte destinados a sobornar a empresarios y cargos públicos. ¡Y qué decir de las famosas puertas giratorias! ¿Quién iba a imaginar que Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González o José María Aznar estaban altamente cualificados para convertirse en consejeros —con sueldos poco modestos— de Fenosa, Gas Natural y Endesa respectivamente?
Los principales partidos políticos se han visto envueltos en casos de corrupción
“Espanya ens roba”. Ese discurso que el nacionalismo catalán utilizaba para ganar votos, pero ahora parece haberse vuelto en su contra. Han visto la luz tantos escándalos dentro de Convergència i Unió que ahora los catalanes han dejado de identificar a su ladrón con España. El Caso de ITV, la Banca Catalana, el Palau… Nada comparado con el desfalco de Jordi Pujol. El expresidente de la Generalitat evadió entre quinientos y tres mil millones de euros para ingresarlos en las cuentas que disponía en paraísos fiscales como Andorra. A su hijo Oriol se le acusa de tráfico de influencias y cohecho. Tampoco queda impune el nombre del expresidente Artur Mas, acusado de participar en las “mordidas” del 3% por las obras públicas que su Gobierno licitaba.
La formación Izquierda Unida, abanderada por su compromiso ético ante la ciudadanía, se ha visto implicada en asuntos turbios. La Operación Enredadera, los ERE y Mercasevilla en Andalucía o denuncias por tráfico de influencias en la Comunidad de Madrid. Si hablamos de Andalucía, imposible olvidar los dos mil cuatrocientos millones de euros que desfalcó el partido GIL en el conocido como Caso Malaya. Estos son los partidos que más han sufrido la lacra de la corrupción, pero otros como PNV, BNG, Unió Mallorquina o Coalición Canaria también han estado en el punto de mira. Sin embargo, las fuerzas emergentes tampoco parecen salvarse. El portavoz de Ciudadanos, Jordi Cañas, se vio obligado a dimitir tras ser encausado por fraude fiscal. La misma acusación se vertió en contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.
Dejando a un lado la política, el pasado mes de abril se desvelaba una nueva trama de corrupción a gran escala, el Caso Ausbanc. Una presunta red criminal —liderada por el antiguo miembro de Fuerza Nueva Luis Pineda— que se dedicaba a extorsionar a bancos, empresas y particulares, además de la evasión de impuestos y la ocultación de sus beneficios en paraísos fiscales. La polémica no está reservada exclusivamente a la “casta política”; la monarquía española también cobra un papel protagonista. La imagen de la Casa Real se vio gravemente afectada por cuñados “em…Palma…dos”, compiyoguis y empresas offshore en Panamá.
La famiglia al primo posto
La RAE define mafia como “cualquier organización clandestina de criminales”. No seré yo quien tilde de mafiosos a los políticos españoles, pero sí que encuentro ciertas similitudes —evidentemente salvando las distancias—. ¿Cuáles son las principales actividades de la mafia? En primer lugar, ofrecer protección a cambio de dinero. Podríamos traducirlo al mundo de la política como aforamientos. También se dedica al blanqueo de capitales, nada nuevo —si no, pregunten a Carlos Fabra—. La evasión fiscal, tan propia de la Marca España, provocó el enjuiciamiento de Al Capone. Tráfico de influencias, a la orden del día en los ayuntamientos de todo el Estado. Extorsión, como la llevada a cabo por Ausbanc. Una de las características de la mafia es el gran valor que se concede al vínculo familiar. Si en la popular película “El Padrino” tenemos a los Corleone o los Tattaglia, en España nos encontramos con la famiglia Pujol o los Borbón-Dos Sicilias.
El Índice de Percepción de la Corrupción, una valoración entre cero y cien realizada anualmente por expertos en la materia, sitúa a España como el trigésimo sexto país más “limpio” del mundo con cincuenta y ocho puntos —por detrás de países como Botsuana o Qatar—. Por término medio, la corrupción cuesta ochenta y siete mil millones de euros al año, cifra más que suficiente para recuperar el Estado del Bienestar. La cuestión es, ¿por qué recortamos en sanidad y educación y no en corrupción?
