Dos años para reformar la inmigración
El 20 de noviembre, Barak Obama daba un tímido golpe encima de la mesa —uno, y sin anillo, Obama no es Frank Underwood— al anunciar que emplearía su poder ejecutivo para impulsar una nueva reforma inmigratoria con el objetivo de regularizar la situación de millones de indocumentados que viven en Estados Unidos sin ninguna cobertura legal. Su Administración daba así inicio a una serie de medidas que esperan le sirvan al Presidente para recuperar apoyos después de los desastrosos resultados del Partido Demócrata en las ‘midterm’ de principios de noviembre.
Vive horas bajas Obama, y desde los sectores más a la izquierda de su partido se le exige mano firme para controlar a un Partido Republicano que, si bien no acaba de encontrar un sendero firme sobre el que caminar hacia las elecciones de 2016, sí parece haber recuperado a buena parte de los votantes que hace apenas dos años les dieron de nuevo la espalda. A Obama le restan apenas dos años de mandato hasta que en 2016 estemos de nuevo invitados (al menos como oyentes) a la más importante fiesta de la democracia. Son pocos meses en los que la capacidad de maniobra del Presidente, que llega exhausto a su final de mandato, se verá muy limitada ahora que el GOP controla el poder legislativo a través del Congreso y el Senado.
Es una reforma ambiciosa que apenas se ha desarrollado
La Administración Obama ha trazado un pequeño plan de ruta con el apoyo de algunos miembros demócratas —los pocos que aun aceptan la visita del líder a sus feudos territoriales— para poder garantizar continuidad demócrata en el poder ejecutivo más allá de 2016. Como eje central está una reforma migratoria que ya había sido prometida por el Presidente en su primera campaña electoral, allá por 2008, pero que tuvo que posponer para centrarse en la complicada situación económica que atravesaba la primera potencia del mundo.
Aplaudida y criticada casi a partes iguales, es una reforma ambiciosa de la que apenas se han desarrollado los primeros puntos. Los cambios más sustanciales que aporta se centran en la política de repatriaciones, un tema polémico entre los votantes demócratas que han visto como Obama se convertía en el Presidente bajo cuyo mandato se producían más deportaciones —casi 2 millones, más que durante el período del odiado Bush—. A partir de ahora, aproximadamente 4’3 millones de inmigrantes podrán aplazar las demandas de repatriación hasta casi dos años si cumplen unos requisitos mínimos: Haber llegado a EEUU antes de 2010 y tener entonces menos de 16 años, o haber llegado a EEUU antes de 2010, tener por lo menos un hijo que sea ciudadano estadounidense o que esté legalmente viviendo en EEUU.
Obama también ha anunciado que expandirá la protección legal entre los trabajadores cualificados para que, en sus palabras, “todos aquellos que puedan ayudarnos a construir un país más fuerte y rico no tengan miedo a ser expulsados”. Una de las mayores preocupaciones que han tenido los presidentes americanos es que trabajadores formados en Estados Unidos, o que han viajado a este país legalmente y por razones de trabajo, se vean obligados a volver a los de origen debido a las trabas burocráticas para renovar sus permisos de residencia. Los distintos planes sobre inmigración que ha aprobado Obama hasta ahora (DACA para adultos, o la Dream Act para menores) cubren a más de 5 millones de personas que a partir de 2015, y después de apuntarse a unas listas y pagar una multa cuyo importe aun no ha sido especificado, podrán aplazar la deportación hasta tres años.
4,3 millones de inmigrantes podrán aplazar las demandas de repatriación
Pero la reforma impulsada por el Presidente ha levantado polémica tanto por su contenido como por la forma en que ha sido planteada. Los republicanos, encabezados por senadores como Ted Cruz, han criticado la política inmigratoria de Obama acusándolo de estar llevando a cabo “una regularización masiva de inmigrantes, una amnistía para todos los que han violado la ley y que han propiciado que otros más vengan al país ilegalmente”. Un discurso antiguo que no deja de tener aceptación entre ciertos sectores de la sociedad estadounidense, especialmente en los estados sureños, más afectados por la inmigración ilegal. Saben los Republicanos que las ‘executive actions’ de Obama no pueden dar estatus de legalidad a los inmigrantes, ya que la Constitución sólo le permite al Presidente actuar sobre las deportaciones: si se realizan, a quiénes afectan o cuándo. Para el poder legislativo se reserva la creación y aprobación de leyes sobre el núcleo de la política inmigratoria, la que da estatus de legalidad a los inmigrantes. Surge ahí el cabreo de buena parte de los legisladores, que liderados por John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, atacan a Obama por actuar “como un monarca todopoderoso que no ha sido elegido como tal”. No parecen entender algunos republicanos las funciones del poder ejecutivo. Obama está legalizando la inmigración ilegal (disculpad la contradicción), ni mucho menos llevando a cabo una amnistía, básicamente porque no puede; es precisamente por ello que los distintos planes aprobados mediante ‘executive action’ no solucionan los problemas de residencia de la mayoría de inmigrantes. Su situación sigue siendo irregular. Flotan en un limbo de leyes sin opciones de poder pensar siquiera en obtener la ciudadanía.
Muchos esperaban un cambio más rotundo en la política de inmigración, prueba de ello es que el discurso de Obama en que anunciaba los cambios interrumpió la emisión de los Grammys Latinos, todo un símbolo de la cada vez más influyente sociedad hispana. Pero la política inmigratoria ha sido siempre un punto caliente en Washington DC; pocas veces se han visto acuerdos entre los partidos para poder solucionar el gran problema de una masa importante de los ciudadanos que residen en territorio norteamericano. A Obama le queda muy poco tiempo -y aun menos capital político- para poder firmar una reforma que cuente con el visto bueno del Congreso y el Senado. Sólo quedan dos años para 2016, y la campaña para las presidenciales está en marcha desde que Obama ganó las elecciones en 2008.
