Los seis abortos legislativos de Alberto Ruiz-Gallardón
“¿Conservador yo? Tendrías que conocer a mi hijo Alberto. Ése sí que es de derechas”.
José María Ruiz-Gallardón
Alberto Ruiz-Gallardón llegó al Ministerio de Justicia pensando lo que la mayoría de los ciudadanos: que esto de las leyes es un coñazo. Así que para darle un poco de vidilla al asunto y asegurarse de que su nombre quedase grabado en la memoria del Boletín Oficial del Estado, decidió reformar las principales normas del ordenamiento jurídico. Parafraseando a Alfonso Guerra cuando hablaba de España tras los gobiernos del PSOE, Ruiz-Gallardón quería que el día que él se marchase al Derecho español “no lo reconociese ni la madre que lo parió”.
La primera ley que salió de las entrañas de la maquinaria legislativa del Ministerio fue la Ley 10/2012, de tasas en la Administración de Justicia. Gallardón consiguió con esta norma lo que ningún ministro en democracia: poner de acuerdo a todos los profesionales del Derecho. En su contra, claro está. Todo el gremio legal le mandó a hacer puñetas, siendo precisamente las puñetas las puntillas de encaje bordadas en las mangas de las togas de jueces y magistrados.
La constitucionalidad de la Ley de Tasas fue cuestionada desde el primer momento
Dejando de lado intereses corporativistas, que los había, la constitucionalidad de la Ley de Tasas fue cuestionada desde el primer momento por limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En plenas protestas contra los recortes sociales, muchos juristas nos recordaron que entre las funciones mínimas y esenciales de todo Estado no se encuentran ni la sanidad ni la educación, que por fundamentales que sean pueden al fin y al cabo ser asumidas por los particulares, pero sí está la justicia.
La razón de esto último es que los médicos o profesores pueden no ser funcionarios, pero los jueces deben ser órganos del Estado, ya que la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde en exclusiva al abstracto político común en el que delegamos el uso de la fuerza. Ya que los ciudadanos no podemos resolver nuestros conflictos a garrotazos, sino que debemos acudir obligatoriamente a los tribunales, que el Estado cobre por ejercitar su monopolio judicial es tan absurdo como que hubiese que pagar por llamar a la policía. Mayormente porque todos pagamos ya ese servicio a través de impuestos.
A pesar de la reforma de la asistencia jurídica gratuita, el efecto disuasorio que tiene el papeleo en estos casos se hizo notar. La jurisdicción penal está exenta de tasas judiciales (Gallardón no se atrevió a llegar al final del absurdo) pero no lo están el orden social, relativo a las reclamaciones por despido y Seguridad Social, el contencioso-administrativo, en el que se dirimen los pleitos contra la Administración y el civil, donde se resuelven los conflictos entre particulares por contratos, herencias, divorcios, etc. Desde la entrada en vigor de la Ley de Tasas en estos tres órdenes jurisdiccionales han descendido los asuntos alrededor de un 15%, una estadística que oculta los casos de muchos ciudadanos que, hartos de la burocracia y las barreras económicas, renuncian a acudir a un juez para obtener sus derechos.
Que el Estado cobre por ejercitar su monopolio judicial es tan absurdo como que hubiese que pagar por llamar a la policía
La Ley de Tasas fue una de las pocas normas que Gallardón consiguió aprobar durante sus casi tres años de mandato. También llegaron a convertirse en ley tras una polémica gestación la reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la justicia universal, que tuvo como daño colateral que en un primer momento la Audiencia Nacional ordenase la puesta en libertad de un puñado de narcotraficantes. Ups.
El Ministerio de Justicia también aprobó la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y la Ley 14/2012, de navegación marítima, pero para evitar que el lector huya despavorido de las páginas virtuales de esta revista le ahorraré el análisis de esas dos normas. En realidad, lo fundamental del tiempo de Gallardón al frente del Ministerio de Justicia no fueron las leyes que consiguió aprobar, sino más bien las que no consiguió sacar adelante. Muchas reformas eran necesarias (nuestros tribunales aplican a diario una Ley de Enjuiciamiento Criminal que data de 1882) pero otras, como suele decirse, tenían delito.
Alberto Ruiz-Gallardón, despidiéndose del Ministerio de Justicia | mernorcaadia.com
La voluntad de Gallardón de reformar la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo pilló a muchos por sorpresa. Claro que el Partido Popular había incluido en su programa electoral de las elecciones generales de 2011 la reforma del aborto, pero nadie en su sano juicio esperaba que un partido cumpliese su programa después de llegar a la Moncloa. Además, tras su paso por la Alcaldía de Madrid, Gallardón tenía fama de político moderno y progresista, de esos que se disfrazan de Baltasar en la cabalgata de reyes. Su llegada al Ministerio de Justicia demostró que su padre, cuyas palabras encabezan este artículo, llevaba razón.
La reforma del aborto fue desde el principio una medida netamente ideológica y que no respondía a las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos ni intentaba hacer frente a un peligro real. Como prueba de esto último, en el año 2013 había en las cárceles españolas solo 12 personas condenadas por un delito de aborto, mientras que 33.767 estaban presas por cometer lesiones y 30.509 por robar. En vez de iniciar un debate maduro y sosegado sobre el drama que supone para una mujer interrumpir su embarazo, los ciudadanos asistimos entre horrorizados y entretenidos al cruce de improperios entre un ministro que frivolizaba sobre el tema recomendando a las mujeres que viviesen su maternidad a tope y activistas que, a pecho(s) descubierto(s), defendían un supuesto derecho al aborto como si fuese lo más chachiguay.
La reforma del aborto fue desde el principio una medida netamente ideológica
La decisión del Gobierno de retirar el anteproyecto de ley del aborto por falta del consenso necesario y por la contestación social provocó el pasado martes 23 de septiembre la dimisión de Gallardón, anunciada, todo hay que decirlo, de forma muy elegante. Su sucesor al frente del Ministerio de Justicia, Rafael Català (cuyo apellido parece un descarado guiño de Rajoy a cierta Comunidad Autónoma) anunció en su acto de toma de posesión que revisará el funcionamiento de las tasas judiciales, lo cual presagia aires de renovación. Sin embargo, los cincuenta diputados del Partido Popular que en el año 2010 impugnaron la ley del aborto socialista ante el Tribunal Constitucional han decidido no retirar el recurso, todavía sin resolver, demostrando que la hipocresía legislativa es posible.
La dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón ha dejado en el cajón numerosas otras reformas legislativas que Rafael Català, ocupado con el desafío soberanista homónimo, es improbable que impulse. El nuevo Código Penal se encuentra actualmente en una incierta tramitación parlamentaria, los Anteproyectos de Código Mercantil y de Ley Orgánica de Poder Judicial quedan pendientes y todavía están en fase de elaboración el Código Procesal Penal y la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial. En sucesivos posts en Compostimes analizaremos estas normas que están en el limbo de los justos y explicaremos cómo podría afectar al ciudadano común su entrada en vigor. Porque las leyes, igual que tener un hijo, te pueden cambiar la vida.
