Legalizar Uruguay: ¿podrá “el presidente de los pobres” cumplir sus intenciones?
La decisión es aprobar el proyecto tal como viene de Diputados, sin modificaciones, a fines de noviembre o principios de diciembre. No hay ninguna posibilidad de postergarlo, y los pasos se están dando en ese sentido
La polémica, de dimensiones internacionales, causada por la iniciativa del gobierno de Uruguay de legalizar la producción y venta de marihuana en dicho país sudamericano cumple ocho meses sin perspectivas de llegar a su fin.
La controversia, que se desata en la primera semana de abril –cuando alcanzan a la luz pública las intenciones pioneras del gobierno uruguayo de concretar el proyecto de aprobar una ley que permita la producción y la venta estatal y el consumo lícito de esta droga– se gesta en el ámbito interno para adquirir, casi de inmediato, una magnitud supranacional.
Así, el día seis del citado mes se conocen las primeras informaciones que aseguran que la izquierda se halla demasiado dividida como para contar con la mayoría necesaria para aprobar un proyecto de tales dimensiones. Tras la reunión de la Agrupación Parlamentaria del Frente Amplio ese mismo día, el grupo informa de que se tomarán un mes para solucionar las divergencias políticas internas al respecto de la legalización. Tan solo un día después, Frente Amplio –que gobierna el país desde el año 2005– anuncia que su objetivo será legalizar la venta de la marihuana en el mes de junio.
Por este motivo, podemos definir al pasado mes de abril como colmado de altibajos en el ámbito político uruguayo.De esta manera, el Frente Amplio no logra reunir los cincuenta votos necesarios para aprobar su proyecto de ley en la cámara baja, después de que los diputados Darío Pérez y Doreen Javier Ibarra presentaran su oposición a la legalización y pusiesen su voto en duda. Así, tras la ruptura unitaria de la izquierda, se suceden las posibles soluciones al problema de la marihuana en Uruguay. Si por una parte se habla de retirar el proyecto, por la otra se baraja la posibilidad de dividirlo en dos etapas; en primer lugar una introducción paulatina de la marihuana terapéutica y de autocultivo y, seguidamente, llegar a la venta estatal. A la tensión política en el Frente Amplio –después de que el partido uruguayo le pidiera al diputado Darío Pérez que abandonara la sala durante la votación– hay que sumarle las dudas que presenta el proyecto entre la población, vinculadas básicamente al problema de los altos niveles de adicción a la pasta base entre los sectores menos favorecidos de su sociedad.
Si por una parte se habla de retirar el proyecto, por la otra se baraja la posibilidad de dividirlo en dos etapas.
No es hasta finales del citado mes cuando comienzan a barajarse los diferentes cambios posibles que podrían darse en el proyecto con el fin de ganar apoyos. Así, la coalición frenteamplista propone la posibilidad del autocultivo, la creación de clubes de cultivadores y el uso farmacéutico. Es en este momento cuando las farmacias uruguayas comienzan a pedir la potestad para vender la droga en sus establecimientos; los farmacéuticos arguyen ser los únicos con capacidad y fiabilidad para tratar con la sustancia sin poner en riesgo la salud del consumidor.
Tan sólo un mes después del comienzo de la odisea política uruguaya, la consultora CIFRA elabora un estudio sobre la opinión de la población de Uruguay al respecto de la legalización de la marihuana. El 66% de los encuestados aseguraron que estaban en desacuerdo con tal proyecto, mientras que un 25% afirmaron estar de acuerdo y tan solo un 9% prefirieron no contestar. Tras conocerse estos datos y, a pesar de las declaraciones del presidente de la república, José Mujica –quien afirmó que sólo se aprobaría el proyecto si más de un 60% de la población estaba de acuerdo-, las negociaciones entre los diferentes partidos políticos y sus diputados siguieron adelante.
Ante esta oposición a la legalización de la marihuana, José Mujica y la coalición de gobierno Frente Amplio, desarrollan una serie de variaciones al proyecto inicial con el fin de obtener mayores índices de aceptación ciudadana al mismo. Así, el presidente plantea la legalización como una forma de controlar el narcotráfico y la adicción, pues la venta se efectuaría a través de una red de farmacias. Además, para acceder a la droga, el consumidor deberá registrarse en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCA), el cual se hallará bajo el control del Ministerio de Salud Pública. Por otra parte, el Frente Amplio añade una nueva variable al proyecto, y es que, una vez legalizado el cannabis, un determinado porcentaje de la publicidad estatal se usará para promocionar programas de prevención del consumo de drogas.
El presidente plantea la legalización como una forma de controlar el narcotráfico y la adicción, pues la venta se efectuaría a través de una red de farmacias.
Finalmente es el veintiséis de junio cuando se aprueba el proyecto final de la legalización que se votaría el cuatro de julio. El texto de la iniciativa habilita la producción de la droga para consumo personal mediante la adscripción a clubes de cultivadores –los cuales podrán tener un mínimo de 15 y un máximo de 45 socios-. Se estipula que la tenencia máxima de marihuana será de 40 gramos por persona y mes, cantidad que se podrá comprar en la ya mencionada red de farmacias. De esta manera, para controlar el cumplimiento de la normativa, se creará un registro de consumidores –cuya identidad estará protegida por la Ley de Datos Sensibles (equivalente a al LOPD española)–, el cual será confeccionado y administrado por el IRCA. Finalmente, se prohíbe el consumo de cannabis a menores de 18 años y conducir vehículos bajo sus efectos, previniéndose multas de hasta 2.000 Unidades Reajustables (unidad de valor estatal que se ajusta según la inflación) y que pueden incluir la clausura de locales de producción de la droga en caso de incumplimiento.
- Manifestación por la legalización de la marihuana en Uruguay / Santiago Mazzarovich
Así, el cuatro de julio el proyecto es aprobado en la Comisión de Adicciones de la Cámara de Representantes del país y se establece que la votación en Plenario de la Cámara de Diputados será menos de una semana después, el diez del mismo mes. Sin embargo, el día anterior a la votación, el diputado Darío Pérez pide aplazar la misma durante treinta días, por lo que se dispone esta para el último día de julio.
A pesar de la tregua concedida al diputado, el día treinta y uno el proyecto de ley de la legalización del cannabis en Uruguay es aprobado en la Cámara de Diputados; los sondeos previos a la votación indicaban que el resultado sería negativo, pero finalmente se impusieron los cincuenta votos a favor sobre los cuarenta y seis en contra.
Una vez aprobado el proyecto en la cámara de Diputados, se intensifican las alarmas a nivel nacional e internacional. Si por una parte el Sindicato de Médicos de Uruguay asegura no tener una postura única y añade su preocupación sobre la repercusión que la legalización del cannabis tendrá sobre los menores; por la otra, la ONU advierte al país latinoamericano sobre la violación del tratado sobre drogas ilícitas. Además, la oposición uruguaya –los partidos Nacional y Colorado– anuncian la recogida de firmas para convocar un referéndum derogatorio. Ante esta situación de oposición, el presidente uruguayo asegura que si la marihuana se descontrola está dispuesto a dar marcha atrás.
A pesar de la tregua concedida al diputado, el día treinta y uno el proyecto de ley de la legalización del cannabis en Uruguay es aprobado en la Cámara de Diputados.
Es en este clima en el que se halla actualmente el país no hace mucho conocido como la Suiza de América; un escenario de opiniones enfrentadas y decisiones por tomar, pues la fecha de votación en la Cámara Alta uruguaya aún no ha sido determinada, lo que deja más espacio para la polémica interna y externa al país. Brasil, el país vecino –que en un primer lugar se significó a favor de la legalización–, se encuentra ahora en una lucha intensa por impedir que el Senado apruebe el proyecto de ley, pues ven a Uruguay como el lugar perfecto para que los narcotraficantes brasileños se abastezcan de marihuana.
La respuesta no se hace esperar. “La decisión es aprobar el proyecto tal como viene de Diputados, sin modificaciones, a fines de noviembre o principios de diciembre. No hay ninguna posibilidad de postergarlo, y los pasos se están dando en ese sentido“. Así de contundente presentó su opinión el senador uruguayo Luis Gallo –del Frente Amplio–, vicepresidente de la Comisión de Salud, el pasado dos de noviembre al diario El País de Montevideo, como queriendo dar carpetazo a las presiones diplomáticas que está recibiendo su gobierno.
A pesar de la dicotomía de criterios y convicciones y del maniqueísmo con que se está tratando este asunto tanto en el país como a nivel internacional, sí se puede concluir que existe una preocupación común a todas las posturas: la posibilidad de que el Uruguay se convierta en un paraíso legal de las drogas.
La solución a la polémica y a estas dudas está aún por llegar.
