El Tribunal Constitucional y los contratos de amistad

Calvin & Hobbes | Bill Waterson

Calvin & Hobbes | Bill Waterson

Thomas Hobbes fue un filósofo inglés con nombre de tigre de peluche que vivió en el siglo XVII. Como tenía una visión bastante negativa de la naturaleza humana (“homo homini lupus” entre otros aforismos pesimistas), explicó el origen de la sociedad en base a un contrato por el que todos nosotros, seres humanos, nos pusimos de acuerdo para delegar el poder en un abstracto común con el fin de evitar la injusticia y la opresión. El Estado cumpliría así la función de “obligar igualitariamente a los hombres al cumplimiento de sus pactos” (Leviatán, XV). Los problemas surgen luego, cuando ninguno de los ciudadanos que suscribimos el contrato social nos leímos los Términos y Condiciones antes de firmar.

Las Constituciones se parecen a esos contratos de amistad contra los que clamaba un Hobbes bastante más gatuno que el anterior. Aunque es fundamental que la idea de que el poder de los gobernantes deriva del consentimiento de los gobernados se plasme en un texto articulado, la primera fuente del Derecho Constitucional no es la ley escrita, sino la costumbre. La cultura política, democrática y liberal de los ciudadanos es lo que de verdad da fuerza a la Carta Magna y lo que apoya una organización constitucional del poder. En palabras del felino filósofo, la gente tiene democracia, separación de poderes y derechos fundamentales porque quiere, no porque les obligue un contrato por muy bueno que éste sea.

El Derecho, al fin y al cabo, es un una herramienta sumamente útil pero a la vez limitada. La mayoría de los seres humanos nos relacionamos entre nosotros y cumplimos la ley de forma espontánea, sin necesidad de tener aprobado Derecho Romano. Lo más seguro es que tus padres no te están pagando la carrera porque están obligados ex lege por los artículos 142 y siguientes del Código Civil y no es probable que el colega que te invitó el otro día a una caña presente contra ti una demanda de reclamación de cantidad. Se da la paradoja de que el Derecho es el instrumento más sofisticado con el que contamos para resolver los conflictos que surgen en el seno de la sociedad, pero los problemas verdaderamente importantes no pueden ser resueltos acudiendo a la ley y los tribunales.

Las Constituciones se parecen a esos contratos de amistad contra los que clamaba un Hobbes bastante más gatuno

El pasado domingo 9 de noviembre se celebró en Cataluña un proceso de participación ciudadana y consulta no referendataria. Independientemente de las similitudes conceptuales con el “ajuste temporal a reembolsar” de la presidenta Lisa Simpson, Gobierno y Generalitat llevaban meses enzarzados en un debate jurídico un tanto cansino sobre la conformidad con la Constitución de que el Govern convocase un referéndum para preguntar sobre la independencia de Cataluña. A pesar de que el Tribunal Constitucional suspendió por unanimidad la celebración de la consulta soberanista tras admitir a trámite la impugnación solicitada por el Gobierno, el martes el presidente del Consejo General del Poder Judicial admitía que “hubo algo parecido a una consulta”. Si algo demostró la votación del domingo es que era excesivo pedirle a las 1.977.531 personas participantes que supiesen tanto Derecho Constitucional como la Abogacía del Estado.

Después del rosario de recursos de inconstitucionalidad ya presentados empieza ahora una serie de querellas por delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos contra Artur Mas y sus consellers. Que estas acciones por parte del Ministerio Fiscal y el Gobierno están amparadas por la ley está fuera de toda duda, pero su efectividad a la hora de resolver el problema del encaje territorial de Cataluña es a todas luces nula. El Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley por parte de cargos públicos deben ser defendidos, pero obligar a los catalanes a que sean amigos de España por contrato no parece la solución adecuada.

A principios de año y a raíz de la inconstitucionalidad de la declaración de soberanía del Parlament, la magistrada del Tribunal Constitucional doña Encarnación Roca Trías aportó sentido común al debate. En declaraciones a TV3, afirmó que la función del TC no es resolver ”problemas políticos y de los políticos”, sino algo tan sencillo y a la vez tan fundamental como declarar constitucional lo que se ajusta a la Constitución e inconstitucional lo que no. “Los problemas políticos no son problemas constitucionales que deba resolver el tribunal”, continuó, criticando la costumbre de forzar al máximo intérprete de la Constitución a afrontar cuestiones sin solucionar por falta de voluntad política. Esta admirable lucidez que demostró la magistrada ha estado a punto de causarle (causarnos) un disgusto grande muy recientemente.

Encarna Roca, diva | Tribunal Constitucional

Encarna Roca, diva | Tribunal Constitucional

Encarna Roca se convirtió en 1968 en la primera profesora de Derecho Civil de España, en una época donde el Código Civil todavía ordenaba que “el marido debe proteger a la mujer, y ésta obedecer al marido”. En el año 2005 hizo historia otra vez al ser la primera magistrada de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, donde a través de sus sentencias modernizó el Derecho de familia, contribuyendo a la consecución de la igualdad de derechos y obligaciones entre los cónyuges, sobre todo en lo relativo a la pensión compensatoria. Desde el 2012 es magistrada del Tribunal Constitucional a propuesta de Convergència i Unió. Además de ser una pionera, Roca es una institución a nivel nacional e internacional en materia de Derecho de daños, de familia, y de Derecho civil catalán.

Por todas estas razones, la academia recibió con incredulidad primero e indignación después la noticia de que el claustro de la Universitat de Girona (UdG) se planteaba retirar el doctorado honoris causa a Encarna Roca. Un colectivo diverso de 77 personas entre profesores, estudiantes y personal administrativo universitario argumentaron que, pese a sus más que reconocidos méritos en el campo del Derecho civil, la magistrada del TC no era merecedora de tal honor por ser ”una de las 12 personas que impiden a un pueblo de millones de personas votar”. Según parte de los claustrales de la UdG, que Roca votase a favor de la admisión del recurso del Gobierno de Rajoy, y por consiguiente de la suspensión temporal automática de la consulta, demostraba que su compromiso con Cataluña era obsoleto.

La academia recibió con indignación la noticia de la Universitat de Girona se planteaba retirar el  honoris causa a Encarna Roca

A la defensa de que Encarna Roca conservase su muy merecido título salieron todas las Facultades de la UdG, cientos de profesores universitarios e incluso el conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, que defendió que “los doctorados honoris causa no se tienen que dar ni retirar por razones políticas”. Finalmente, el claustro del centro decidió por 100 votos a favor y 42 en contra mantener a la magistrada del TC en su reconocimiento, evitando así hacer un mayor ridículo y renunciando a confundir definitivamente la excelencia científica con la ideología.

Es irónico que Encarna Roca se viese envuelta en un juicio político miserable tras denunciar que los problemas políticos no deben ser tratados con criterios jurídicos. Sin embargo, mientras se cruzan acusaciones políticas y recursos de inconstitucionalidad la vida para el común de los mortales sigue su curso. Mi recomendación en todo caso es no arriesgarnos a que un colega nos acuse de incumplir el contrato de amistad e invitarlo a cañas este fin de semana.