El porqué de nuestra política (II)

Los funcionarios y los licenciados en derecho plagan nuestro sistema político. Más del 40% de los diputados son licenciados en derecho, y en torno al 35% son funcionarios, lo que implica una extraña sobrerrepresentación. ¿Por qué es esto así? ¿Son dos colectivos especialmente interesados por la vida política o es que hay un mecanismo que se esconde detrás? Lo cierto es que esto responde a los incentivos que poseen los empleados en la esfera privada y pública. En primer lugar, la mayoría de funcionarios con formación superior tienen una relación estrecha con el derecho (por obvias razones). Y en segundo lugar, una vez un funcionario ha obtenido su plaza a través de una oposición –las cuales, dicho sea de paso, son tremendamente ineficientes y costosas a la hora de elegir el personal más apto para el puesto requerido– pasa a estar blindado. No sólo porque sea difícil echarlo en caso de que sea necesario, sino también porque en caso de dedicarse a la vida política su plaza queda reservada. De esta forma un funcionario con plaza puede optar por probar suerte en el mundo de la política sin el temor del qué vendrá después. Obviamente en la esfera privada esto no es así, lo que genera un sesgo importante hacia la presencia de estos colectivos. Esto también tiene consecuencias a nivel legislativo, ya que optan por crear regulaciones excesivas cuando no son necesarias.

Pero pasemos al otro lado de la balanza. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros como sociedad? ¿Cómo nos comportamos con respecto a la vida política? Lo cierto es que somos más reactivos que anticipativos. Nuestro nivel de organización ciudadana medida a través de la implicación ciudadana en algún aspecto de la vida política está muy por debajo de la media de la UE, con un 42% de sus ciudadanos perteneciendo a alguna asociación, comparado con nuestro caso, que es del 30%. Esto nos pone muy lejos de países como Alemania con un 60% o Suecia con un 83%. Lo mismo sucede con la afiliación en partidos políticos y la sindicación. Esto nos lleva a una sociedad poco organizada, incapaz de actuar antes de que una iniciativa legislativa se lleve a cabo o de impulsar nuevos temas para debatir a nivel político, donde precisamente es más importante actuar. Al igual que con ciertos tratamientos médicos, en política es mucho más efectivo y eficiente actuar antes, y no después. Y no sólo eso, sino que siendo uno de los mayores contrapesos al poder político, esta debilidad conlleva para las élites más impunidad. Pero curiosamente cuando nos fijamos en nuestras reacciones antes nuevas iniciativas legislativas, somos mucho más activos. El 20% de los ciudadanos confiesa haber participado en alguna huelga en el último año, comparado con el 8% de la UE. Lo mismo sucede con las manifestaciones (24% comparado con un 10% europeo).

Asociacionismo en la UE desagregado por países. Fuente: fBBVA

Asociacionismo en la UE desagregado por países. Fuente: fBBVA

Pero esto nos lleva a lo ya dicho anteriormente. Es mucho más práctico y “barato” (a nivel de costes políticos y esfuerzo) actuar antes a través de lobbies ciudadanos que frenen o fomenten ciertas iniciativas legislativas y debates que manifestarnos en contra de tal o cual ley justo antes de ser aprobada (cuando ya ha pasado numerosos trámites, se ha debatido y añadido otros matices…). Por eso deberíamos cambiar nuestro enfoque como ciudadanos. Hay que organizarse en torno a asociaciones profesionalizadas, que sepan cómo funciona por dentro el sistema político y cuáles son las reglas del juego, que conozcan la agenda política, con los contactos adecuados y con los recursos para influenciar a nivel del debate político. Esta influencia no sólo tiene por qué ser de pura presión política, sino también a nivel técnico: por ejemplo, si se plantea una iniciativa legislativa con respecto al fracking, aportando informes independientes y técnicos con datos que puedan enriquecer el debate y racionalizarlo. De esta forma la sociedad podría actuar como un verdadero contrapeso y frenar las acciones de lobbies empresariales con intereses particulares. Y es que una minoría organizada puede –y de hecho lo hace muy a menudo– imponer sus intereses a los de una mayoría desorganizada.

Otro contrapeso muy importante y que en España falla de forma sustancial es la presencia de medios de comunicación independientes y con fuerza suficiente para vigilar de cerca a los políticos. Si bien es cierto que medios como El Mundo han tenido mucha relevancia recientemente con el Caso Bárcenas, a nivel agregado la dependencia de subvenciones públicas asignadas bajo criterios políticos y no técnicos lleva a que nuestros medios no cumplan con su papel tal y como debieran.

La presencia y el tratamiento de la corrupción en los medios durante el surgimiento del caso Bárcenas. El color rayado indica tratamiento favorable. Fuente: numeroteca

Como se puede ver, muchos de nuestros problemas tienen una fuente común: el exceso de poder de los políticos, especialmente a nivel local: la capacidad excesiva para asignar puestos, subvenciones y gestiones a dedo y no a través de métodos técnicos. La solución estriba por tanto en tratar de reducir de forma racional este exceso de poder, dejando multitud de decisiones que ahora mismo se toman erróneamente bajo criterios políticos en manos de una administración profesionalizada, seleccionada a través de métodos más efectivos que los actuales y que actúe usando criterios técnicos. Otro de los principales problemas de nuestro sistema y del que ya he hablado en la primera parte es el hermetismo presente en nuestros partidos políticos. Sería muy conveniente crear los incentivos adecuados para que la escalada dentro del partido se deba a motivos meritocráticos y no de peloteo. Hay muchos y muy diversos métodos de implantar esto, todos con sus pros y sus contras, que pueden ser consultados en el libro al que estos dos artículos hacen referencia. Por poner un ejemplo de esto, podemos optar por una mayor cercanía del político al electorado usando un estilo similar al estadounidense, pero eso puede conllevar –y de hecho lo hace– la creación de redes clientelares, compra de voluntades y demás acciones, aunque obviamente también tiene aspectos positivos. Otro ejemplo pero a nivel local es de los city managers, un concepto que no hemos visto en España. Una mayor transparencia es algo de lo que apenas he hablado pero también es vital: España es el único país de la UE8 sin una Ley de Transparencia como Dios manda. Una mayor transparencia otorga a los ciudadanos la capacidad de comprobar las cuentas de los partidos –donde precisamente se acumula la corrupción, como ya mencioné en la primera parte del artículo– y ver a dónde va el dinero que reciben. De hecho, en el propio libro La Urna Rota se comenta la posible implantación de donaciones privadas donde un organismo independiente medie entre el donante y el partido, de tal forma que el partido sea incapaz de identificar al donante ni su montante total particular ni tenga por qué creer las palabras de alguien que dice ser un donante a cambio de favores políticos.

Pero obviamente la élite política no desea renunciar a buena parte de su poder, por lo que de nuevo el éxito o fracaso de esto está en la capacidad que tenemos como sociedad de organizarnos adecuadamente a la hora de exigir este tipo de cambios. Es un camino difícil y requiere de mucho esfuerzo y trabajo, pero en el medio plazo tendrá frutos que harán que haya merecido la pena.

Fuente de la imagen destacada: La Urna Rota