Un Lannister siempre paga sus deudas; un Borbón, no

“The king can do as he likes!”

His Grace, Joffrey of Houses Baratheon and Lannister, First of His Name, King of the Andals and the First Men, Lord of the Seven Kingdoms, and Protector of the Realm.

 

Desde que la ley ya no es lo que le place al rey, Monarquía y Derecho nunca se han llevado demasiado bien. Siempre que se intenta que el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, cumpla las leyes como todo ciudadano y se someta al imperio del Derecho, surgen problemas. Por ejemplo, ¿podría Robb Stark, el Rey en el Norte, ser acusado de un delito de detención ilegal por el secuestro de Jaime Lannister? ¿Podrían los numerosos hijos ilegítimos de Robert Baratheon ejercitar una acción de filiación contra él? La respuesta, negativa, no cambiaría si en vez del Rey de Poniente hablásemos del Rey de España, ya que en ambos casos el rey no responde ante nadie.

La inviolabilidad del monarca está recogida en el art. 56.3 de la Constitución de 1978, que señala que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Esto quiere decir que el Rey, mientras reina, no puede ser llamado por ningún juez, ni para declarar ni para ser juzgado, y por ende tampoco puede ser condenado. La mayor parte de los expertos en Derecho Constitucional entiende que la mención expresa a “la persona” del Rey implica una falta total de responsabilidad en todos los órdenes, ya sean penales, civiles, laborales, fiscales, etc. Esta absoluta irresponsabilidad regia deriva del viejo aforismo británico “the king can do no wrong”  (el Rey no puede hacer mal).

El Rey, mientras reina, no puede ser llamado por ningún juez, ni para declarar ni para ser juzgado, y por ende tampoco puede ser condenado

Se suele justificar la inviolabilidad del Rey por la existencia de la institución del refrendo, que es su corolario lógico. El Rey es irresponsable de sus actos porque nunca puede actuar solo (“the king cannot act alone”, dicen los británicos) y, en su lugar, responden el Presidente del Gobierno o los Ministros competentes, quienes posibilitan los actos regios y asumen la responsabilidad que de ellos se deriva (art. 64 de la Constitución). Si una actuación del Rey resultase ser un delito, el que sería juzgado y condenado no sería él sino el Ministro que aprobó el hecho. Los actos privados del Rey no pueden ser refrendados por un órgano político, pero sin embargo, a ellos se extiende también la prerrogativa de la inviolabilidad.

Si una actuación del Rey resultase ser un delito, el que sería juzgado y condenado no sería él sino el Ministro que aprobó el hecho

juego de tronos felipe

En el juego de tronos, o ganas o abdicas | @Perodena

Antes de que el indignado lector se apresure al bazar chino más cercano para comprar una tricolor y pedir el fin de tal clamorosa impunidad, es necesario destacar que en las Repúblicas los Jefes del Estado también son inviolables. Richard Nixon, en su memorable cara a cara con el periodista David Frost, no lo pudo resumir mejor: “cuando el presidente lo hace, no es ilegal”. Sin embargo, en Estados Unidos existe un procedimiento parlamentario de impeachment que constituye la excepción a la inmunidad presidencial. En el caso de Italia, el art. 90 de su Constitución restringe la irresponsabilidad del Presidente de la República a determinados actos, “gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni”. Además, no están incluidos en ese privilegio los actos “per alto tradimento o per attentato alla Costituzione”. Por el contrario, la irresponsabilidad del Rey de España es plena y sin fisuras.

En las Repúblicas los Jefes del Estado también son inviolables

La irresponsabilidad del monarca en el ámbito administrativo significa que, por ejemplo, si conduciendo una de sus motos de gran cilindrada el Rey sobrepasase el límite de velocidad, la Guardia Civil no le podría poner una multa de tráfico. En el ámbito civil significa que un juez no podría obligar al Rey a pagar sus deudas. La irresponsabilidad del Rey en el aspecto penal fue uno de los aspectos más polémicos en la elaboración parlamentaria de la Constitución, llegándose incluso a plantear por algún diputado la hipótesis del Rey asesino o violador. A raíz del caso Nóos hay quien llegó a hablar de un Rey corrupto. En todo caso, es difícil de digerir que alguien en una democracia, por el hecho de haber heredado la Corona, no pueda ir a la cárcel aunque cometiese crímenes tan atroces como los de la Boda Roja.

Hasta aquí, la teoría. Porque en la práctica, todas las hipótesis que se acaban de plantear son harto improbables y el Derecho no responde a máximas de lógica, sino a experiencias humanas. Óscar Alzaga afirmaba acertadamente que si el Rey delinquiese, “nos encontraríamos ante el desprestigio y, por ende, ante el ocaso de la institución monárquica”. Así, un Rey asesino o corrupto tendría inmediatamente que abdicar la Corona, pero no tanto por razones jurídicas sino por obvias razones políticas. Pero cuando el Rey deja de serlo, ¿qué ocurre con su prerrogativa de inviolabilidad? Ésta la situación que se producirá la próxima semana respecto de Juan Carlos de Borbón tras la proclamación de su hijo como Felipe VI.

Cuando el Rey deja de serlo, ¿qué ocurre con su prerrogativa de inviolabilidad?

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno y abogada del Estado, dio por sentado que tras su abdicación don Juan Carlos dejaría de ser inviolable y que dejaría de serlo para el futuro, porque conservaría la inviolabilidad por los actos realizados mientras era rey. Sin embargo, esto último es bastante discutible, porque se plantea la duda de si mantiene esa prerrogativa respecto de todos sus actos, oficiales y privados, o únicamente respeto de los que fueron refrendados por el Gobierno. En este sentido, la Ley Orgánica de Abdicación aprobada en Consejo de Ministros la semana pasada fue una oportunidad perdida para regular y clarificar, ya que en un alarde de concisión digno de Hodor consta de un único artículo.

Hay opiniones dispares sobre la responsabilidad que se le podrá exigir a don Juan Carlos por los actos realizados antes de su reinado y durante su reinado. En contra de la posición manifestada por la vicepresidenta, algunos autores sostienen que al perder la inviolabilidad podría responder ante los tribunales por sus actos privados, quedando excluidos los actos de Jefatura del Estado que hubiesen sido asumidos por el órgano refrendante. Ya que con toda seguridad ningún ministro refrendó que don Juan Carlos echase una canita al aire, tras la abdicación respondería por el acto privado por excelencia: tener hijos.

En el año 2012 dos juezas de primera instancia rechazaron tramitar la demanda de paternidad de dos supuestos hijos de Juan Carlos de Borbón. Fue la primera vez que la inviolabilidad del jefe del Estado se extendió a cuestiones relacionadas con el Derecho de Familia. En ese caso, el estatus o protección especial del Rey prevaleció sobre el derecho fundamental a conocer la propia filiación, previsto también en la Constitución (art. 39). A diferencia del resto de los ciudadanos, los hipotéticos hijos nacidos fuera del matrimonio del Rey no podrían obtener de un juez una declaración de paternidad, y sus madres no podrían exigir una pensión alimenticia. En materia sucesoria, la imposibilidad de conocer quién es el padre de uno hace que historias como “Princesa por sorpresa” puedan ser reales.

El verdadero escándalo es que el Rey goce de inmunidad para actos privados que nada tienen que ver con sus funciones como Jefe del Estado.

Partiendo de la premisa de que uno continúa siendo padre biológico tras la abdicación y que engendrar prole extramatrimonial no es un acto de Jefe de Estado, los tribunales podrían empezar a admitir a trámite demandas de paternidad dirigidas contra don Juan Carlos. Temiendo el escándalo, desde Zarzuela ya han instado al Gobierno para que dé aforamiento al Rey y que éste solo pueda ser juzgado por el Tribunal Supremo. Cabe preguntarse si el verdadero escándalo es que el Rey tenga hijos fuera del matrimonio o que goce de inmunidad judicial para actos privados que nada tienen que ver con sus funciones como Jefe del Estado.

La figura de la inviolabilidad plena es poco entendible en una democracia del siglo XXI. Cuestión distinta es que, como la Monarquía misma, persista por razones totalmente ajenas al ámbito de la lógica y la razón. La irresponsabilidad real no es entendible, pero quizás tampoco tiene por qué ser entendida. La Monarquía, al fin y al cabo, es lo que es: privilegio, tradición, reverencia, sacralidad. De lo que debemos ser conscientes es que, en contra de lo que pudiese afirmar Juan Carlos de Borbón invadido por el espíritu navideño, en una Monarquía la justicia no es igual para todos.

Como último recurso, si los ciudadanos no podemos obtener justicia en los tribunales ordinarios, siempre nos quedará emular a Tyrion Lannister y exigir un juicio por combate.