Justicia ¿sigues aquí?

Después de un año, todos tenemos claro que los recortes son el auténtico sancta sanctorum de este gobierno. La austeridad y el control del gasto parecen el camino a seguir para salir del pozo de la crisis, o por lo menos eso es lo que nos venden todos los días. Aunque la derecha siempre se ha basado en el gasto y en el consumo. La teoría dice que si la gente no gasta y no consume, los negocios no crecen, así de simple. ¿Pero si la gente no puede gastar lo suficiente? Pues muy fácil, habrá que cambiar el tipo de negocio a uno en el que haya que consumir a la fuerza. Es entonces cuando aparece la mercantilización de los derechos fundamentales. La solución es convertir en objetos de consumo la sanidad, la vivienda, el trabajo y la educación, lo que siempre necesitamos. Lo vivimos día a día, “el capital” o “los mercados” son los que dicen si debemos tener una casa, que educación merecemos, o que médico nos cuida. Pero lo que nunca creímos que pasaría, acaba de pasar. Le ha llegado el turno a la justicia.

La ley de tasas judiciales. La justicia de los ricos.

Con la nueva ley de tasas judiciales, en vigor desde el 22 de noviembre, un proceso civil corriente asciende hasta casi tres mil euros entre tasas (casi la mitad), abogado y procurador. Además, hay que sumarle que a cada instancia ante la que recurras deberás volver a pagar las tasas correspondientes, sumando hasta casi veinte mil euros si es necesario llegar al tribunal supremo. Obviamente, bajo estas condiciones y tal y como están las cosas, ahora mismo la gran mayoría de españoles no disponen de los recursos necesarios para reclamar sus derechos. Es el fin del acceso público al derecho fundamental de la justicia.

 Bajo el absurdo disfraz de medida para desatascar la justicia, el gobierno pretende desentenderse así de los derechos básicos del ciudadano medio, dejándolo a merced de aquellos que si disponen de los recursos económicos suficientes para pagar los procesos judiciales. De esta manera la justicia se convierte en un bien de consumo solo para aquellos que disponen del dinero necesario. Una justicia solo para los que se la pueden pagar. Además, con esta ley, la justicia española se salta principios como el de la proporcionalidad al imponer unas tasas independientes de los ingresos de cada parte y otorgando beneficios económicos de manera dispar. Por ejemplo, mientras que la tasa es la misma para una empresa y un ciudadano de a pie, las empresas pueden desgravar en sus declaraciones todos sus gastos judiciales mientras que al ciudadano no se le reconoce esa posibilidad. De nuevo, cargando contra el que menos tiene.

Por si fuera poco, nos vemos abocados a la estrafalaria situación en la que el ciudadano tiene que soportar el timo que supone pagar una tasa de doscientos euros por reclamar una multa de cien, esto roza el absurdo. Un absurdo tan grande como aplicar una ley de tasas sin estar disponibles los documentos que permitan ajustarse a ella. Aunque realmente esto no responde a la inutilidad legisladora del gobierno, sino a las prisas por aprobar una ley que deje sin paga de navidad a los funcionarios de justicia. Aquí no se salva nadie.

Los 300 vagos y maleantes de Alcalá de Henares

Los 300 vagos y maleantes de Alcalá de Henares

La reforma del Código Penal. Vagos y maleantes.

 La otra gran perla reciente del ministro Gallardón es la reforma del código penal. La manera de asegurar el statu quo actual. La reforma del código penal se centra en delitos como el de desorden público, desobediencia o el atentado. También suprime la figura de las faltas administrativas, que pasan a ser delitos. Sin embargo, deja de lado otros delitos como la prevaricación o el cohecho, los delitos que han cometido los principales causantes de la crisis. No es una reforma hecha para los banqueros o los políticos corruptos. Es una reforma que busca la criminalización de la protesta en previsión del claro avance del conflicto social.

Encadenarse para evitar un desahucio supone ir a la cárcel entre uno y cuatro años. Invadir una sucursal bancaria, aunque te hayan timado con las preferentes, cuesta entre tres y seis meses de prisión. Los altercados producidos durante el ejercicio del derecho fundamental a manifestarse pierden la consideración de desobediencia leve para establecerse como un delito de resistencia a la autoridad. Algunos podrán pensar que estos son algunos ejemplos de una política represiva fruto de momentos difíciles. Personalmente lo veo como el fracaso del estado social y democrático de derecho. Cuando un estado reprime la protesta por una situación injusta, está legitimando dicha situación convirtiéndose en cómplice de la misma.

Otra novedad importante, es que bajo el eufemístico termino de “prisión permanente revisable”, se introduce la cadena perpetua en el sistema jurídico español. Esto supone una ruptura con el tradicional objetivo del sistema penitenciario, que se supone que siempre ha tenido como intención final la reinserción del preso, en favor de un sistema excluyente en el que el estado se limita a recluir a los que no pueden vivir en sociedad, apartándolos hasta que mueren. El único paso intermedio con el fascismo es que aún no se atreven a decir que es inútil, y muy caro, tener que mantenerlos vivos en sus celdas. La inclinación ideológica se revela claramente con la introducción de la “libertad vigilada de diez años”. La imposición de una sanción después de cumplida la pena correspondiente no se puede justificar mediante la culpabilidad, que es la base del ordenamiento jurídico penal. Esta medida se tomará en función de la peligrosidad que se asigne a determinados individuos. Es la proyección sesgada de una probabilidad futura de crimen. Algo que se aleja definitivamente el concepto de justicia para adentrarse en el de la ideología. Es en este momento, los parecidos con la vieja figura de la Ley de vagos y maleantes, son inevitables.

Mi padre siempre me dijo que la ley es el medio del poder para autorreproducirse. Debe ser por eso que la derecha legisla siempre para proteger, por encima de todo, a sus grupos de poder. A sus empresas, sus bancos, y a los de sus amigos. Y castiga a quienes no aceptan sus normas. Nos imponen un viejo feudalismo basado en un derecho hecho por los ricos, aplicable solo a los pobres. Desde los principios de la historia, los que más van a la cárcel son los pobres. Y hoy por hoy, los hijos del franquismo no quieren que ser pobre sea un delito: quieren que ser pobre importe más que ser culpable.